Es absurdo creer que Michoacán se encuentra libre del analfabetismo gracias a programas como el Alfa TV, que ha sido impulsado por el gobernador Lázaro Cárdena Batel, cuando los parámetros nacionales como los del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) nos califican por enésima vez entre los últimos lugares en educación.
El “novedoso” programa que incluye la contratación de profesores cubanos y de la adquisición de material didáctico, entre folletos, libros y discos compactos, erogando para ello cantidades estratosféricas, no resuelve los problemas que tiene el sector educativo en la entidad.
Durante las últimas semanas de esta intrascendente administración, el gobierno del estado se ha vanagloriado de haber erradicado el analfabetismo en casi todos los municipios de Michoacán, tomando como parámetro un sistema de evaluación que sólo ellos entienden, miden y corroboran, y que los convierte en juez y parte a la vez.
Del mismo modo, este gobierno “diferente” presume que en educación se hizo “más”, ostentándose como el ejecutor de obras que en realidad han sido realizadas por la Federación y los gobiernos municipales.
Un ejemplo claro es el ocurrido en Morelia, municipio en el que habita el 20 por ciento de la población total de la entidad y en donde el pasado año el ayuntamiento construyó 114 aulas, así como bardas perimetrales y módulos sanitarios con una millonaria inversión municipal, a diferencia de la inversión de cero pesos del gobierno del estado para ese mismo rubro.
A pesar de que el compromiso con la educación no se vio reflejado a través del trabajo de la Coordinación de Espacios Educativos, este año, como todos los anteriores, y con una frescura tal, el gobierno de Michoacán se adjudica en sus cuentas alegres esas 114 aulas, así como un elevado número de obras que realizaron los ayuntamientos y el gobierno federal en toda la entidad.
Así, las banderas blancas que ha colocado Cárdenas Batel en varios puntos del estado en las ultimas semanas, son sólo una estrategia mediática para tratar de justificar seis años de gobierno sin obras, ni acciones tangibles. Asimismo, representan espacios de los que fueron desplazados profesores michoacanos con legítimo derecho a ocuparlos.
Si para algo han servido estas intensas giras de trabajo del gobernador por el estado, es para que éste regrese a Michoacán por lo menos durante esta última etapa, pues en el resto del sexenio se la pasó 3 ó 4 días a la semana fuera del estado o del país en sus destinos favoritos: el Distrito Federal, Miami, Cuba y Brasil.
Hay algo que caracterizó a esta administración estatal, que efectivamente fue un gobierno diferente, sin logros, sin obra pública, sin seguridad, sin empleos y sin educación. Y aún así, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Gilberto Morelos Cisneros, se jacta de haber invertido en obra pública poco más de 4 mil millones en el sexenio lazarista.
Esa cifra es ridícula, sobre todo si tomamos en cuenta que el gobierno del estado tuvo un presupuesto para los seis años por el orden de los 150 mil millones de pesos, además de que solicitó 2 prestamos por mil 500 millones de pesos cada uno, de los cuales aún no se sabe su destino.
Alguien debería explicarnos dónde están los 146 mil millones de pesos restantes, pues el gobierno de Lázaro ha presumido como obras relevantes programas de beneficio social como las canastas básicas, útiles escolares, entrega de cemento, fertilizantes y semillas y nada ni nadie nos garantiza que las cifras manejadas sean reales o aplicadas a quien reamente los necesita y que no se hayan desviado para campañas políticas. Y hay ejemplos de ello.
A eso hay que sumarle los casos de impunidad como el de los 420 millones de pesos que no comprobó en su momento el entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Alfonso Pascual Solórzano Fraga.
Además, que el ahora flamante senador, Silvano Aureoles Conejo, explique cómo se le perdieron 120 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; que Rafael Melgoza Radillo dé cuentas de los 130 millones de pesos que desvió como alcalde de Lázaro Cárdenas y de cómo le hizo para que un órgano incompetente como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del gobierno del estado lo haya exonerado y le haya perdonado su sanción por 604 mil pesos.
Otro caso de impunidad, que no ha sido satisfactoriamente aclarado, es el del fraude a la Tesorería General del Estado por parte de América Aguilar y de cómo fue exonerada de manera poco convincente por el gobierno lazarista. Asimismo, la diputada Minerva Bautista quitaba y ponía directores del CONALEP para que le encubrieran sus negocios ilícitos.
De los primeros desaguisados de esta administración recordamos el caso se Alejandra Barrales Magdaleno, quién como secretaria de Desarrollo Social del gobierno lazarista fue acusada en su momento por presuntamente haber recibido jugosas comisiones por 57 millones de pesos al contratar a papeleras del Estado de México para el arranque del programa de útiles escolares.
Este gobierno perredista sí que fue diferente, menos mal que ya quedan sólo unos días para estar levantando más de esas insulsas banderitas blancas.
Correo electrónico: ale_ortegrod@hotmail.com
El “novedoso” programa que incluye la contratación de profesores cubanos y de la adquisición de material didáctico, entre folletos, libros y discos compactos, erogando para ello cantidades estratosféricas, no resuelve los problemas que tiene el sector educativo en la entidad.
Durante las últimas semanas de esta intrascendente administración, el gobierno del estado se ha vanagloriado de haber erradicado el analfabetismo en casi todos los municipios de Michoacán, tomando como parámetro un sistema de evaluación que sólo ellos entienden, miden y corroboran, y que los convierte en juez y parte a la vez.
Del mismo modo, este gobierno “diferente” presume que en educación se hizo “más”, ostentándose como el ejecutor de obras que en realidad han sido realizadas por la Federación y los gobiernos municipales.
Un ejemplo claro es el ocurrido en Morelia, municipio en el que habita el 20 por ciento de la población total de la entidad y en donde el pasado año el ayuntamiento construyó 114 aulas, así como bardas perimetrales y módulos sanitarios con una millonaria inversión municipal, a diferencia de la inversión de cero pesos del gobierno del estado para ese mismo rubro.
A pesar de que el compromiso con la educación no se vio reflejado a través del trabajo de la Coordinación de Espacios Educativos, este año, como todos los anteriores, y con una frescura tal, el gobierno de Michoacán se adjudica en sus cuentas alegres esas 114 aulas, así como un elevado número de obras que realizaron los ayuntamientos y el gobierno federal en toda la entidad.
Así, las banderas blancas que ha colocado Cárdenas Batel en varios puntos del estado en las ultimas semanas, son sólo una estrategia mediática para tratar de justificar seis años de gobierno sin obras, ni acciones tangibles. Asimismo, representan espacios de los que fueron desplazados profesores michoacanos con legítimo derecho a ocuparlos.
Si para algo han servido estas intensas giras de trabajo del gobernador por el estado, es para que éste regrese a Michoacán por lo menos durante esta última etapa, pues en el resto del sexenio se la pasó 3 ó 4 días a la semana fuera del estado o del país en sus destinos favoritos: el Distrito Federal, Miami, Cuba y Brasil.
Hay algo que caracterizó a esta administración estatal, que efectivamente fue un gobierno diferente, sin logros, sin obra pública, sin seguridad, sin empleos y sin educación. Y aún así, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Gilberto Morelos Cisneros, se jacta de haber invertido en obra pública poco más de 4 mil millones en el sexenio lazarista.
Esa cifra es ridícula, sobre todo si tomamos en cuenta que el gobierno del estado tuvo un presupuesto para los seis años por el orden de los 150 mil millones de pesos, además de que solicitó 2 prestamos por mil 500 millones de pesos cada uno, de los cuales aún no se sabe su destino.
Alguien debería explicarnos dónde están los 146 mil millones de pesos restantes, pues el gobierno de Lázaro ha presumido como obras relevantes programas de beneficio social como las canastas básicas, útiles escolares, entrega de cemento, fertilizantes y semillas y nada ni nadie nos garantiza que las cifras manejadas sean reales o aplicadas a quien reamente los necesita y que no se hayan desviado para campañas políticas. Y hay ejemplos de ello.
A eso hay que sumarle los casos de impunidad como el de los 420 millones de pesos que no comprobó en su momento el entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Alfonso Pascual Solórzano Fraga.
Además, que el ahora flamante senador, Silvano Aureoles Conejo, explique cómo se le perdieron 120 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; que Rafael Melgoza Radillo dé cuentas de los 130 millones de pesos que desvió como alcalde de Lázaro Cárdenas y de cómo le hizo para que un órgano incompetente como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del gobierno del estado lo haya exonerado y le haya perdonado su sanción por 604 mil pesos.
Otro caso de impunidad, que no ha sido satisfactoriamente aclarado, es el del fraude a la Tesorería General del Estado por parte de América Aguilar y de cómo fue exonerada de manera poco convincente por el gobierno lazarista. Asimismo, la diputada Minerva Bautista quitaba y ponía directores del CONALEP para que le encubrieran sus negocios ilícitos.
De los primeros desaguisados de esta administración recordamos el caso se Alejandra Barrales Magdaleno, quién como secretaria de Desarrollo Social del gobierno lazarista fue acusada en su momento por presuntamente haber recibido jugosas comisiones por 57 millones de pesos al contratar a papeleras del Estado de México para el arranque del programa de útiles escolares.
Este gobierno perredista sí que fue diferente, menos mal que ya quedan sólo unos días para estar levantando más de esas insulsas banderitas blancas.
Correo electrónico: ale_ortegrod@hotmail.com
