LA REVANCHA DEL PRI
Para resolver los grandes problemas del país, se requiere fortalecer la institucionalidad y las instituciones de la República. Mientras ello no ocurra, mientras los actores políticos y sociales se encuentren divididos en la persecución de sus intereses particulares o de grupo, nada o muy poco se podrá hacer para avanzar en los distintos rubros y en la atención a las demandas más apremiantes de la sociedad.
En los últimos años, los mexicanos hemos estado inmersos en una serie de problemáticas que requerirían la unidad de todos y cada uno de los sectores de la población para hacerles frente de manera exitosa. Sin embargo, nos encontramos con el hecho innegable de que nuestros políticos no entienden o no quieren entender eso.
Al mismo tiempo que en el país se viven problemas graves de inseguridad, de pobreza, de desempleo, de falta de inversiones, de carencia de apoyos al campo, de deforestación, de contaminación y muchos más, la clase política parece vivir en una realidad paralela, en donde los problemas no existen o existen sólo en función de lo que pueda ser capitalizable política y electoralmente a su favor.
Hace unas semanas, seguramente ya con la mira puesta en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ofreció a los dirigentes partidistas, a los organismos autónomos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los presidentes municipales y a los legisladores federales, su apertura para escuchar sus opiniones en una serie de encuentros que se denominaron Diálogos por la Seguridad.
Las críticas de los que asistieron llegaron a raudales, y los académicos, los que se creen intelectuales y que no fueron convocados, salieron a decir que los Diálogos por la Seguridad eran tan sólo “un monólogo por la seguridad”, en el que sólo el mandatario federal recriminaba a los distintos sectores e instituciones su falta de apoyo para hacer más fuerte y eficiente la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada.
Pero lo peor del caso, es que los más críticos, aquellos que se llenan la boca de decir que cuando ellos gobernaban no había tantos problemas de seguridad pública en el país (y aquí habría que preguntarles y preguntarnos por qué), aunque fueron convocados decidieron no asistir, con lo que demuestran en realidad la voluntad que tienen de que se resuelvan los problemas más graves y preocupantes del país.
Los argumentos fueron varios, citaron a los “intelectuales” que hablaron de que no había debate, sino un monólogo de Felipe Calderón, dijeron que no fueron convocados oportunamente, que ya para qué iban cuando sólo faltan poco dos años para que concluya el sexenio y muchas falacias más.
Lo cierto es que pocos se creen esos pretextos, la mayoría de ellos obra del líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y muchos interpretamos que aquellos que se negaron a dialogar, a debatir, a argumentar y a proponer, dejaron ver en dónde están realmente sus intereses. Y por eso dejaron pasar su oportunidad de hacer propuestas concretas, cara a cara con el mandatario federal.
No se terminaban de digerir en los medios de comunicación los resultados de los Diálogos por la Seguridad, cuando el PRI puso en la mesa de debate del Congreso de la Unión una propuesta para hacer caso omiso del texto constitucional modificado en 2008, a propuesta del PRI, para que el presidente de la República pudiera nuevamente rendir cuentas, en este caso respecto de su IV Informe de Gobierno, ante las cámaras de Senadores y de Diputados constituidas en una Asamblea General, tal como ocurría hasta hace apenas unos años.
Fue un diputado federal michoacano, Agustín Torres Ibarrola, del PAN, quien en tribuna del Legislativo federal y ante los medios de comunicación nacionales y estatales dejó en claro que detrás de esta intentona de una contrarreforma, para la cual ni siquiera había tiempo de elaboración, estudio, discusión, dictaminación, aprobación, consulta y promulgación, se encontraba un deseo de revancha del PRI por los malos resultados obtenidos en las elecciones del 4 de julio contra las alianzas conformadas por el PAN y el PRD.
Lo que buscaban, explicó el legislador moreliano, era poner al presidente Calderón Hinojosa frente a un grupo de senadores y diputados que de institucionales y de propensos al debate sano y propositivo tienen poco. La idea era ponerlo como carnada para especímenes de la calaña del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, por desgracia y para vergüenza de muchos, de origen michoacano.
Por tratarse de una medida absurda, porque requeriría de una reforma constitucional para la cual evidentemente no daban los plazos, pero además porque se trataba de una contrarreforma a una adecuación legal que hace dos años fue impulsada, aprobada y aplaudida por el mismo PRI, entonces la exigencia de los priístas de recibir al mandatario en el Congreso de la Unión, simple y sencillamente no mereció una discusión formal, sino simplemente mediática, con el claro ánimo de desgastar la figura presidencial.
La siguiente arremetida del PRI ha sido, y hasta la hora que estas líneas se escriben, ha sido contra el PRD, puesto que tanto panistas como perredistas afirman que existía un acuerdo verbal en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que el primer año de la LXI Legislatura la Mesa Directiva fuera presidida por el PAN, el segundo por el PRD y el tercero por el PRI.
Por lógica, decía el diputado federal Martín García Avilés, perredista y también michoacano, al PRD le correspondía presidir la Mesa Directiva en el segundo año, puesto que al PAN, por ser la segunda fuerza política le correspondía el primer año, el segundo al PRD por ser la tercera fuerza política y el tercero al PRI. Así dijo, y por lo tanto el argumento resulta un tanto inconsistente, y no tanto lógico, pero en lo que sí coinciden panistas y perredistas es en la existencia del acuerdo que ahora la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, niega con vehemencia.
Es parte de la revancha del PRI por los buenos resultados obtenidos por las alianzas electorales en bastiones priístas como Puebla y Oaxaca, así como por la derrota devastadora que el priísmo sufrió en Sinaloa a manos del PAN, añadió el mismo legislador perredista. Aquí sí le entendemos, y le creemos.
Cuando estas líneas se escriben, los diputados priístas y perredistas continúan inmersos en la discusión respecto de a quién corresponderá la Presidencia de la Mesa Directiva, posición con poder político y económico que no pretende soltar Beatriz Paredes, sobre todo ante el hecho de que a principios del próximo año se realizará la elección por la gubernatura del Estado de México y buscan a toda costa contrarrestar los efectos de una casi inminente alianza entre sus adversarios políticos para causarle un daño irreversible a su más visible aspirante presidencial, Enrique Peña Nieto.
La tercera arremetida del PRI también se prepara ya, en el contexto de los trabajos para elaborar y discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, donde la diputada priísta, Maricela Serrano Hernández, ha sido insistente en la intención de su partido por reducir el IVA del 16 al 15 por ciento para el próximo año, ya que a juicio de esa bancada el incremento en los impuestos que para este año se le aprobó al Ejecutivo federal no fue bien aprovechado por el gobierno de Felipe Calderón.
Niegan los priístas en todo momento que detrás de esta intención de reducir considerablemente los ingresos del gobierno federal, en el año de la elección del Estado de México y a sólo un año de la elección presidencial, exista algún interés por obtener una revancha respecto de las multicitadas alianzas electorales. Aseguran, como su argumento más sólido, que a esta altura del año sólo el 20 por ciento de los ingresos obtenidos del IVA ha sido ejercido por la Federación.
Todo se vale y de todo se hace en la política. Entonces, aunque el PRI está actuando de manera desalmada, también el PAN y el PRD han demostrado que no son blancas palomas y están dispuestos a todo con tal de frenar las posibilidades de que el priísmo recupere la Presidencia de la República en 2012 y de emparejar las cosas en la víspera del arranque formal de ese proceso electoral.
Lo peor, lo más preocupante del caso, es que como decía al principio de esta colaboración, los políticos demuestran a los mexicanos una y otra vez que los problemas que más afectan a la población y las demandas más urgentes de los mexicanos les llegan a interesar sólo de manera coyuntural, sólo en la medida de que la utilización de esa información les sea útil política y electoralmente.
Si eso no fuera cierto, no estarían enfrascados en asuntos triviales como argumentar por qué no acuden a proponer para resolver los problemas de inseguridad, por qué les interesa debatir sobre una contrarreforma constitucional a una reforma previamente impulsada y aprobada por ellos, por qué pelean y desconocen acuerdos para quedarse con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por qué desean reducir los impuestos cuyo aumento aprobaron el año pasado.
¿Y la seguridad, los empleos, el desarrollo social, el desarrollo rural, las inversiones y muchos temas más?
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